Blog Jurídico Santos & Sardà Abogados

DIVORCIO NOTARIAL DE MUTUO ACUERDO SIN HIJOS: NUEVA TRAMITACIÓN

La entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria permite aquellos matrimonios, sin hijos o con hijos mayores de edad independientes económicamente, podrán divorciarse de forma rápida ante Notario con la asistencia de un Letrado en ejercicio.

Dicha nueva regulación le exime de acudir al Juzgado ganando mucho tiempo de tramitación, puesto que una vez aceptado, firmado por los cónyuges y reconocido por el notario, pues ya es directamente inscribible en el Registro Civil Competente.

El notario competente deberá ser el del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

Como la asistencia Letrada es obligatorio las partes deberán de acudir a un Letrado, que les asesorará, les redactará y le gestionará todo el procedimiento ante el Notario.

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Nuevo Procedimiento para obtener la Nacionalidad Española

Ayer se publicó en el BOE el nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española que entrará en vigor a partir del día 15 de Octubre de 2.015.

Concretamente el Procedimiento de Nacionalidad Española se hará de esta forma:

La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.
El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente. La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas. La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba.

En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas.
Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente.

El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto al pago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma.

DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO: PACTOS DEL CONVENIO REGULADOR

Cuando decidimos tramitar un proceso de disolución matrimonial, se tienen que reunir varios documentos para poder presentar la demanda en el partido judicial competente. Uno de esos documentos es la confección del convenio regulador de divorcio, que regulara las situaciones de futuro ante los ex-cónyuges.

Se deben de pactar obligatoriamente sobre:

A) La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos,

B) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar,

C) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualizacion y garantías en su caso,

D) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio,

E) La pensión de alguno de los cónyuges, si el procedimiento de divorcio le produce algún tipo de  desequilibrio económico.

Después hay especialidades en cada Comunidad Autonóma, como es en Cataluña que también hay que pactar un PLAN DE PARENTALIDAD de los hijos menores de edad, para evitar futuras malinterpretaciones de los pactos contenidos en el convenio y evitar ejecuciones que hacen retrasar la administracion de justicia y el buen hacer entre las partes.

Para cualquier información, duda o aclaración, pongase en contacto con el despacho jurídico SANTOS & SARDA ABOGADOS, especialistas en todo lo relativo al Derecho Matrimonial.

Gracias

Daniel Santos

Abogado

¿COMO HACER UNA CARTA INVITACIÓN?

El particular que pretenda obtener una carta de invitación a favor de un extranjero deberá dirigir su solicitud a la Comisaría de Policía de su lugar de residencia, que será la competente para su tramitación y expedición.

La solicitud deberá contener los siguientes extremos:

Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, número del documento de identidad o pasaporte, cuando se trate de español, o pasaporte, tarjeta de identidad de extranjero o número de identidad de extranjero, cuando no ostente la nacionalidad española, y domicilio o lugar completo de residencia.

Manifestación expresa de su voluntad de invitar y de acoger a la persona invitada, bien en su domicilio principal, que será el arriba indicado, bien en una segunda vivienda, en cuyo caso, determinará el lugar concreto.

El invitante aportará documentación acreditativa de la disponibilidad de la vivienda (título de propiedad, contrato de arrendamiento u otros, de acuerdo con la legislación civil vigente).

Relación o vínculo que mantiene con el invitado.

Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar concreto de su residencia o domicilio y número de pasaporte del invitado. Excepcionalmente, en los casos en los que la gestión lo aconseje, la invitación podrá referirse a varias personas, debiendo indicarse en la solicitud los datos antes mencionados respecto de cada una de ellas, así como la disponibilidad de domicilio para todas.

Período durante el cual está prevista la estancia del invitado, especificando, de manera aproximada, el primer y el último día de la misma.

Antes de la firma, deberá constar que el invitante declara que la información expuesta es verídica.

En la solicitud, el invitante deberá hacer constar que está informado de que:

El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, tipifica como delito, en el artículo 318. bis: «el que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión».

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, considera infracción muy grave: «inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que no constituya delito», pudiendo imponerse sanción de multa desde 6.001 hasta 60.000 euros o expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por un período de tres a diez años, tal como disponen sus artículos 54.1.b), 55.1.c) y 57.1. de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Los datos relativos a la identidad, número de pasaporte, nacionalidad y residencia, tanto del invitado como del invitante, serán incorporados a un fichero de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

RESOLUCIÓN

Una vez resuelta la solicitud, la autoridad competente notificará al interesado la resolución adoptada que, en el caso de ser estimatoria, contendrá el aviso para recoger la Carta de Invitación.

La notificación de la resolución favorable de la solicitud de Carta de invitación surtirá efectos para que se proceda al abono de la tasa correspondiente, en los términos previstos en los artículos 44 a 49 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Orden ministerial por la que se establezca el importe de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas y expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería. El abono de la tasa habrá de realizarse en el plazo de un mes desde la referida notificación, y el justificante de dicho abono deberá aportarse para recoger la Carta de invitación.

La denegación, en su caso, de la solicitud de Carta de invitación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubiera de presentarlos y el plazo para interponerlos.

TRAMITACIÓN

Una vez recibida la solicitud por la dependencia competente para su tramitación, ésta iniciará su tramitación, nombrándose instructor del procedimiento, de cara a resolver en el sentido que proceda en relación con la misma con la mayor brevedad posible.

Cuando por el instructor del procedimiento se juzgue pertinente, se podrá emplazar al solicitante para mantener una entrevista personal con el objeto de comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad de la información contenida en la solicitud. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al solicitante desistido en el procedimiento.

DENEGACIÓN

Serán motivos de denegación de la Carta de invitación:

La no aportación o la falta de veracidad de los datos contenidos en la citada Carta.

El incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 28.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004.

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COMENTARIOS SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE 06/09/2013 (Ponente: Antonio Salas Carceller): ¿QUÉ PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICAR?

Que con la lectura de la sentencia de la citada Sentencia del Tribunal Supremo, este Letrado quiere hacer una interpretación, para que no se pueda generalizar, y se haga un mal uso de dichos argumentos jurídicos de forma generalista, debiendo estudiar el caso concreto.

En el Fallo de la citada sentencia expresa a grandes rasgos que los plazos de prescripción se tienen que aplicar lo que dispone en la Ley Estatal en detrimento a la Ley Autonómica, pero es un caso especial, porque la Ley Específica estatal que menciona dispone la causa, objeto y plazo de la reclamación, puesto que se trata de una reclamación civil por daños por accidente de circulación, y dicha reclamación se basa en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. En dicho Texto Legal se establece tanto la reclamación contra el que fue el demandado (Consorcio Compensación de Seguros), como su plazo de prescripción, sin que haya una norma parecida en el derecho civil catalán, es decir, es lógico pensar que cuando en ese texto legal te da derecho a hacer la reclamación contra un ente, como es el Consorcio de Compensación de Seguros, y en esa norma jurídica también se establece el plazo para su reclamación, pues es más probable argumentar jurídicamente, que se debe aplicar la Ley especifica enfrente a la Ley general, y como no hay un respaldo legislativo en Cataluña sobre esta materia, pues debemos aplicar la prescripción establecida en esa Ley Específica, sea de aplicación o no de ámbito estatal.

En cambio, de forma hipotética y siguiendo los criterios jurisprudenciales marcados por el Tribunal Supremo, si en dicho RDL 8/2004, de 29 de Octubre, no hubiera establecido el plazo límite (plazo de prescripción) para reclamar, y se hubiera tenido que ir a lo dispuesto en el Código Civil Español, entonces, el argumento jurídico debería haber sido de otra forma, en aplicación del artículo 111-3 del Codi Civil de Catalunya (“El derecho civil de Cataluña tiene eficacia territorial…”), y del artículo 111-4 CCCat en el que establece que “las disposiciones de este Código constituyen el derecho común a Cataluña y se aplican supletoriamente a las otras leyes”, y finalmente en aplicación del artículo 111-5 CCCat (“Las disposiciones del derecho civil de Cataluña se aplican con preferencia a cualquier otra. El derecho supletorio solo rige en la medida que no se opone a las disposiciones del derecho civil de Cataluña o a los principios generales que le informan.”), es decir, se debería aplicar el Código Civil de Cataluña, porque es la norma aplicable en preferencia al Código Civil.

En conclusión, interpretando profesionalmente la Sentencia TS de fecha 06/09/2013, solo se aplicará la norma estatal en detrimento a la norma autonómica, si la Ley Estatal se trata de una ley especifica que no tiene su homónima en el derecho autonómico, y además en esta se establece el plazo para ejercer la consecuente reclamación, porque si se hubiera que recurrir a las normas generales del derecho civil como es el Código Civil, para determinar el plazo de reclamación, entonces se debería de aplicar la ley autonómica en detrimento al Código Civil.

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Daniel Santos
Abogado Santos & Sardà Abogados

ALEGACIONES EN EL JUICIO ORDINARIO DESPUES DE ARCHIVAR EL JUICIO MONITORIO

Una vez archivada la petición inicial del juicio monitorio por oposición de la demanda de monitorio, se nos plantea la cuestión de que si en el Juicio Ordinario podemos alegar argumentos jurídicos diferentes a los alegados en el escrito de Oposición.

El alcance de la oposición manifestada por el requerido de pago es una cuestión que viene suscitando problemas en la práctica forense, planteándose la siguiente cuestión práctica: si en el juicio monitorio cabe que, formulada oposición, se aleguen posteriormente en el juicio ordinario razones o motivos distintos de los que en aquella se adujeron; cuestión ésta que hunde sus raíces en la más genérica de si opuesto el requerido de pago en el proceso monitorio, éste muere o si se transforma, y en este segundo caso, cual es el alcance y límite de dicha transformación.

Partimos de la premisa de que la petición inicial del proceso monitorio no es una demanda, y que una vez practicado el requerimiento y transcurridos los veinte días previstos en el art. 815.1 LEC, puede afirmarse que el proceso monitorio, más que transformarse, muere.

La SAP Valencia, sec. 7ª, de 28 diciembre 2006 (EDJ 2006/467218), admite tal posibilidad exclusivamente para el caso del procedimiento ordinario. Razona tal decisión en los siguientes argumentos: “(…) una vez formulada la oposición, la Ley remite, sin cortapisas ni limitaciones, a las partes al juicio declarativo que corresponda, se han de aplicar, en lo que nos ocupa, las normas previstas para éstos, normas que, al no estar limitada su aplicación, permiten a la parte demandada formular las alegaciones y excepciones que tenga por conveniente frente a los argumentos que se esgriman en la demanda que ahora se formule, y en función de ello las partes acudir a la Audiencia Previa y proponer la prueba que estimen conveniente (…)”. También la SAP de Madrid, sec. 19ª, de 23 noviembre 2007 (EDJ 2007/310774) parece mantener este criterio, al declarar que: “(…) una lectura atenta de la regulación del procedimiento monitorio (…) permite afirmar la no necesidad de que la demanda que subsiga al repetido procedimiento, cuando se dé la oposición del deudor y la pretensión no tenga encaje en el juicio verbal, haya de ajustarse, en un todo, a la solicitud inicial que da lugar a aquel procedimiento especial, cuando la propia demanda permitirá aportar otros hechos y nuevos documentos para afianzar la petición inicial que se plasmó en el procedimiento monitorio. Y es que el legislador si hubiese querido que el objeto del procedimiento monitorio coincidiese en un todo con la demanda que le subsigue y que da lugar al procedimiento ordinario, así lo habría establecido, lo que no se infiere de la lectura del art. 818 LEC de que venimos hablando, no dándose, en ningún caso, indefensión por cuanto estamos en presencia de procedimiento ordinario y el demandado podrá contestar a la demanda y dentro del juicio verbal, y en el mismo juicio, hará lo propio respecto de la pretensión del acreedor (…)”.

EN CONCLUSIÓN, al ser dos procedimientos totalmente diferenciados la jurisprudencia menor consideran viable la ampliación de los motivos de oposición en la contestación a la demanda en el caso del proceso ordinario lo hacen en atención a la naturaleza de proceso autónomo que tiene dicho procedimiento posterior.

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Daniel Santos
Abogado Santos & Sardà Abogados

SENTENCIA FAVORABLE A LA NULIDAD CONTRACTUAL DE LAS PREFERENTES

 

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