Blog Jurídico Santos & Sardà Abogados

DIVORCIO NOTARIAL DE MUTUO ACUERDO SIN HIJOS: NUEVA TRAMITACIÓN

La entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria permite aquellos matrimonios, sin hijos o con hijos mayores de edad independientes económicamente, podrán divorciarse de forma rápida ante Notario con la asistencia de un Letrado en ejercicio.

Dicha nueva regulación le exime de acudir al Juzgado ganando mucho tiempo de tramitación, puesto que una vez aceptado, firmado por los cónyuges y reconocido por el notario, pues ya es directamente inscribible en el Registro Civil Competente.

El notario competente deberá ser el del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

Como la asistencia Letrada es obligatorio las partes deberán de acudir a un Letrado, que les asesorará, les redactará y le gestionará todo el procedimiento ante el Notario.

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Nuevo Procedimiento para obtener la Nacionalidad Española

Ayer se publicó en el BOE el nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española que entrará en vigor a partir del día 15 de Octubre de 2.015.

Concretamente el Procedimiento de Nacionalidad Española se hará de esta forma:

La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.
El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente. La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas. La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba.

En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas.
Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente.

El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto al pago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma.

DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO: PACTOS DEL CONVENIO REGULADOR

Cuando decidimos tramitar un proceso de disolución matrimonial, se tienen que reunir varios documentos para poder presentar la demanda en el partido judicial competente. Uno de esos documentos es la confección del convenio regulador de divorcio, que regulara las situaciones de futuro ante los ex-cónyuges.

Se deben de pactar obligatoriamente sobre:

A) La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos,

B) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar,

C) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualizacion y garantías en su caso,

D) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio,

E) La pensión de alguno de los cónyuges, si el procedimiento de divorcio le produce algún tipo de  desequilibrio económico.

Después hay especialidades en cada Comunidad Autonóma, como es en Cataluña que también hay que pactar un PLAN DE PARENTALIDAD de los hijos menores de edad, para evitar futuras malinterpretaciones de los pactos contenidos en el convenio y evitar ejecuciones que hacen retrasar la administracion de justicia y el buen hacer entre las partes.

Para cualquier información, duda o aclaración, pongase en contacto con el despacho jurídico SANTOS & SARDA ABOGADOS, especialistas en todo lo relativo al Derecho Matrimonial.

Gracias

Daniel Santos

Abogado

¿COMO HACER UNA CARTA INVITACIÓN?

El particular que pretenda obtener una carta de invitación a favor de un extranjero deberá dirigir su solicitud a la Comisaría de Policía de su lugar de residencia, que será la competente para su tramitación y expedición.

La solicitud deberá contener los siguientes extremos:

Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, número del documento de identidad o pasaporte, cuando se trate de español, o pasaporte, tarjeta de identidad de extranjero o número de identidad de extranjero, cuando no ostente la nacionalidad española, y domicilio o lugar completo de residencia.

Manifestación expresa de su voluntad de invitar y de acoger a la persona invitada, bien en su domicilio principal, que será el arriba indicado, bien en una segunda vivienda, en cuyo caso, determinará el lugar concreto.

El invitante aportará documentación acreditativa de la disponibilidad de la vivienda (título de propiedad, contrato de arrendamiento u otros, de acuerdo con la legislación civil vigente).

Relación o vínculo que mantiene con el invitado.

Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar concreto de su residencia o domicilio y número de pasaporte del invitado. Excepcionalmente, en los casos en los que la gestión lo aconseje, la invitación podrá referirse a varias personas, debiendo indicarse en la solicitud los datos antes mencionados respecto de cada una de ellas, así como la disponibilidad de domicilio para todas.

Período durante el cual está prevista la estancia del invitado, especificando, de manera aproximada, el primer y el último día de la misma.

Antes de la firma, deberá constar que el invitante declara que la información expuesta es verídica.

En la solicitud, el invitante deberá hacer constar que está informado de que:

El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, tipifica como delito, en el artículo 318. bis: «el que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión».

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, considera infracción muy grave: «inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que no constituya delito», pudiendo imponerse sanción de multa desde 6.001 hasta 60.000 euros o expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por un período de tres a diez años, tal como disponen sus artículos 54.1.b), 55.1.c) y 57.1. de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Los datos relativos a la identidad, número de pasaporte, nacionalidad y residencia, tanto del invitado como del invitante, serán incorporados a un fichero de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

RESOLUCIÓN

Una vez resuelta la solicitud, la autoridad competente notificará al interesado la resolución adoptada que, en el caso de ser estimatoria, contendrá el aviso para recoger la Carta de Invitación.

La notificación de la resolución favorable de la solicitud de Carta de invitación surtirá efectos para que se proceda al abono de la tasa correspondiente, en los términos previstos en los artículos 44 a 49 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Orden ministerial por la que se establezca el importe de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas y expedición de documentos en materia de inmigración y extranjería. El abono de la tasa habrá de realizarse en el plazo de un mes desde la referida notificación, y el justificante de dicho abono deberá aportarse para recoger la Carta de invitación.

La denegación, en su caso, de la solicitud de Carta de invitación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubiera de presentarlos y el plazo para interponerlos.

TRAMITACIÓN

Una vez recibida la solicitud por la dependencia competente para su tramitación, ésta iniciará su tramitación, nombrándose instructor del procedimiento, de cara a resolver en el sentido que proceda en relación con la misma con la mayor brevedad posible.

Cuando por el instructor del procedimiento se juzgue pertinente, se podrá emplazar al solicitante para mantener una entrevista personal con el objeto de comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad de la información contenida en la solicitud. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al solicitante desistido en el procedimiento.

DENEGACIÓN

Serán motivos de denegación de la Carta de invitación:

La no aportación o la falta de veracidad de los datos contenidos en la citada Carta.

El incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 28.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004.

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COMENTARIOS SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE 06/09/2013 (Ponente: Antonio Salas Carceller): ¿QUÉ PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICAR?

Que con la lectura de la sentencia de la citada Sentencia del Tribunal Supremo, este Letrado quiere hacer una interpretación, para que no se pueda generalizar, y se haga un mal uso de dichos argumentos jurídicos de forma generalista, debiendo estudiar el caso concreto.

En el Fallo de la citada sentencia expresa a grandes rasgos que los plazos de prescripción se tienen que aplicar lo que dispone en la Ley Estatal en detrimento a la Ley Autonómica, pero es un caso especial, porque la Ley Específica estatal que menciona dispone la causa, objeto y plazo de la reclamación, puesto que se trata de una reclamación civil por daños por accidente de circulación, y dicha reclamación se basa en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. En dicho Texto Legal se establece tanto la reclamación contra el que fue el demandado (Consorcio Compensación de Seguros), como su plazo de prescripción, sin que haya una norma parecida en el derecho civil catalán, es decir, es lógico pensar que cuando en ese texto legal te da derecho a hacer la reclamación contra un ente, como es el Consorcio de Compensación de Seguros, y en esa norma jurídica también se establece el plazo para su reclamación, pues es más probable argumentar jurídicamente, que se debe aplicar la Ley especifica enfrente a la Ley general, y como no hay un respaldo legislativo en Cataluña sobre esta materia, pues debemos aplicar la prescripción establecida en esa Ley Específica, sea de aplicación o no de ámbito estatal.

En cambio, de forma hipotética y siguiendo los criterios jurisprudenciales marcados por el Tribunal Supremo, si en dicho RDL 8/2004, de 29 de Octubre, no hubiera establecido el plazo límite (plazo de prescripción) para reclamar, y se hubiera tenido que ir a lo dispuesto en el Código Civil Español, entonces, el argumento jurídico debería haber sido de otra forma, en aplicación del artículo 111-3 del Codi Civil de Catalunya (“El derecho civil de Cataluña tiene eficacia territorial…”), y del artículo 111-4 CCCat en el que establece que “las disposiciones de este Código constituyen el derecho común a Cataluña y se aplican supletoriamente a las otras leyes”, y finalmente en aplicación del artículo 111-5 CCCat (“Las disposiciones del derecho civil de Cataluña se aplican con preferencia a cualquier otra. El derecho supletorio solo rige en la medida que no se opone a las disposiciones del derecho civil de Cataluña o a los principios generales que le informan.”), es decir, se debería aplicar el Código Civil de Cataluña, porque es la norma aplicable en preferencia al Código Civil.

En conclusión, interpretando profesionalmente la Sentencia TS de fecha 06/09/2013, solo se aplicará la norma estatal en detrimento a la norma autonómica, si la Ley Estatal se trata de una ley especifica que no tiene su homónima en el derecho autonómico, y además en esta se establece el plazo para ejercer la consecuente reclamación, porque si se hubiera que recurrir a las normas generales del derecho civil como es el Código Civil, para determinar el plazo de reclamación, entonces se debería de aplicar la ley autonómica en detrimento al Código Civil.

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Daniel Santos
Abogado Santos & Sardà Abogados

ALEGACIONES EN EL JUICIO ORDINARIO DESPUES DE ARCHIVAR EL JUICIO MONITORIO

Una vez archivada la petición inicial del juicio monitorio por oposición de la demanda de monitorio, se nos plantea la cuestión de que si en el Juicio Ordinario podemos alegar argumentos jurídicos diferentes a los alegados en el escrito de Oposición.

El alcance de la oposición manifestada por el requerido de pago es una cuestión que viene suscitando problemas en la práctica forense, planteándose la siguiente cuestión práctica: si en el juicio monitorio cabe que, formulada oposición, se aleguen posteriormente en el juicio ordinario razones o motivos distintos de los que en aquella se adujeron; cuestión ésta que hunde sus raíces en la más genérica de si opuesto el requerido de pago en el proceso monitorio, éste muere o si se transforma, y en este segundo caso, cual es el alcance y límite de dicha transformación.

Partimos de la premisa de que la petición inicial del proceso monitorio no es una demanda, y que una vez practicado el requerimiento y transcurridos los veinte días previstos en el art. 815.1 LEC, puede afirmarse que el proceso monitorio, más que transformarse, muere.

La SAP Valencia, sec. 7ª, de 28 diciembre 2006 (EDJ 2006/467218), admite tal posibilidad exclusivamente para el caso del procedimiento ordinario. Razona tal decisión en los siguientes argumentos: “(…) una vez formulada la oposición, la Ley remite, sin cortapisas ni limitaciones, a las partes al juicio declarativo que corresponda, se han de aplicar, en lo que nos ocupa, las normas previstas para éstos, normas que, al no estar limitada su aplicación, permiten a la parte demandada formular las alegaciones y excepciones que tenga por conveniente frente a los argumentos que se esgriman en la demanda que ahora se formule, y en función de ello las partes acudir a la Audiencia Previa y proponer la prueba que estimen conveniente (…)”. También la SAP de Madrid, sec. 19ª, de 23 noviembre 2007 (EDJ 2007/310774) parece mantener este criterio, al declarar que: “(…) una lectura atenta de la regulación del procedimiento monitorio (…) permite afirmar la no necesidad de que la demanda que subsiga al repetido procedimiento, cuando se dé la oposición del deudor y la pretensión no tenga encaje en el juicio verbal, haya de ajustarse, en un todo, a la solicitud inicial que da lugar a aquel procedimiento especial, cuando la propia demanda permitirá aportar otros hechos y nuevos documentos para afianzar la petición inicial que se plasmó en el procedimiento monitorio. Y es que el legislador si hubiese querido que el objeto del procedimiento monitorio coincidiese en un todo con la demanda que le subsigue y que da lugar al procedimiento ordinario, así lo habría establecido, lo que no se infiere de la lectura del art. 818 LEC de que venimos hablando, no dándose, en ningún caso, indefensión por cuanto estamos en presencia de procedimiento ordinario y el demandado podrá contestar a la demanda y dentro del juicio verbal, y en el mismo juicio, hará lo propio respecto de la pretensión del acreedor (…)”.

EN CONCLUSIÓN, al ser dos procedimientos totalmente diferenciados la jurisprudencia menor consideran viable la ampliación de los motivos de oposición en la contestación a la demanda en el caso del proceso ordinario lo hacen en atención a la naturaleza de proceso autónomo que tiene dicho procedimiento posterior.

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Daniel Santos
Abogado Santos & Sardà Abogados

SENTENCIA FAVORABLE A LA NULIDAD CONTRACTUAL DE LAS PREFERENTES

 

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NULIDAD POR ABUSIVA DE LA CLAUSULA SUELO EN EL PRESTAMO HIPOTECARIO

Son múltiples las sentencias judiciales que declaran que las “CLAUSULAS SUELO” de los préstamos hipotecarios como NULAS por ser abusivas, defiendo la ignorancia de los consumidores y usuarios a la hora de saber la totalidad de las clausulas puestas en las escrituras notariales de los préstamos hipotecarios.

Los argumentos jurídicos expuestos repitidamente es que el RDL 1/2007, Texto Refundido de la ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, fija el concepto de consumidor en el artículo 3 al indicar que: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuario las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.

En el supuesto de autos no cabe duda de que la demandante actúa fuera del ámbito propio de su actividad profesional.

En la actualidad existen una serie de disposiciones normativas, ya de ámbito estatal ya comunitario, que abordan el fenómeno capital de defensa de los consumidores y usuarios, introduciendo en el ámbito de la libertad de pactos consagrada en el articulo 1.255 del Código Civil una serie de reglas de carácter imperativo, de necesaria observancia por las partes, y cuya contravención acarrea la nulidad de los pactos que a las mismas se opongan, y que tienen por finalidad última la protección del equilibrio contractual que impone la buena fe, consagrándose así garantías de equidad contractual que limitan el alcance del articulo 1.255 del Código Civil en aras de proteger a la parte débil del contrato. Dentro de tales contratos concertados por consumidores y usuarios, inicialmente se dictó en el curso del año 1984 la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, ahora Texto Refundido de 2.007, que, dado el avance de los tiempos y disposiciones normativas comunitarias, pronto se quedó como un marco general de protección en la materia que hubo de completar a posteriori, dictándose así la Ley 7/1998 (LA LEY 1490/1998) sobre Condiciones Generales de Contratación , la que vino igualmente a desarrollar el mandato comunitario al respecto contenido en la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas (con la interpretación que hace Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de junio de 2010).

El art. 82 1. del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (LA LEY 11922/2007) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dispone en su apartado primero que “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. Partiendo de este precepto, el concepto de cláusula abusiva se puede centrar en aquella estipulación que no habiéndose negociado individualmente o consentido expresamente, causa, en contra de las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato (articulo 3.1 de la Directiva 93/13), a lo que se precisa añadir que el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa (artículo 82.3 citado y articulo 4.1 de la Directiva), lo que implica un llamamiento a una interpretación judicial del contrato, al amparo del artículo 1.285 del Código Civil , guiada por los parámetros de la buena fe, atendiendo a las circunstancias concurrentes y en base a criterios sistemáticos, y sin olvidar la regla interpretativa “contra proferentem” que impide que una cláusula oscura se interprete a favor del predisponente.

En todo caso se considerarán cláusulas abusivas las contempladas en el catálogo sito en el art. 82.4 y desarrollado en los artículos 85 a 90 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Asimismo se ha de tomar en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 1.999 , citada en la sentencia de la AP de Madrid de 2.002, con cita a su vez de numerosas sentencias del TS, indicaba que a quien afirme que una cláusula se ha negociado individualmente le corresponde la asunción plena de la carga de la prueba, doctrina recogida en el apartado segundo del art. 82.2 que dispone, siguiendo la mencionada Directiva , que El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.

Teniendo presente las anteriores consideraciones, en el presente procedimiento, las afirmaciones realizadas por la parte demandada sobre la posibilidad que tuvo el Sr. Pedro Jesús de elegir entre diversas opciones, y ofertas contractuales no solo no hacen referencia directa o la posibilidad real que tuvo de incluir o no la controvertida cláusula suelo como una parte más de la modulación del tipo de interés y del precio del contrato, sino que, además, no han tenido en modo alguno la correspondiente contrapartida probatoria. Así no puede tenerse como acreditado que la rebaja del porcentaje de diferencial sobre el EURIBOR (0,60% al 0,45%) aplicada al préstamo en que se subrogó el Sr. Pedro Jesús fuera, efectivamente, fruto de una negociación en la que la contrapartida fuera la subida del porcentaje de “suelo” o su mantenimiento.
La cuestión entonces estriba en determinar si, como estipulación no negociada individualmente, la llamada cláusula suelo es contraria a la buena fe y causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
A este respecto se ha de tener en cuenta que la cláusula suelo es uno de los instrumento de cobertura ante los riesgos de fluctuación del índice de referencia de los tipos de interés, en este caso el EURIBOR, de cierta relevancia en la actualidad en que este índice ha bajado considerablemente en relación con el existente a la fecha del contrato. Como tal instrumento es lícito y su incorporación a un contrate de préstamo no se vería afectada por causa de nulidad si fuera consentida y pactada entre las partes y el desequilibrio que pudiera generar por sí solo se diera compensado por otros mecanismos (mayores o menores porcentajes en los diferenciales, ausencia de comisiones por vencimientos anticipados o reciproca cláusula techo), todo ello previa y claramente detallado, informado y pactado.

Sin embargo, en el presente caso, no solo no se ha probado que el Sr. Pedro Jesús tuviera una oportunidad real de negociar los términos de su contrato y en particular la rebaja o supresión de la mencionada cláusula, sino que, además, no se ha acreditado que en su contrato de préstamo exista algún tipo de contrapartida que, consensuadamente, equilibrara el claro desequilibrio que genera la cláusula suelo, en especial, la fijación de una cláusula techo semejante, respetando así el principio de reciprocidad en que se asienta el equilibrio de derechos y obligaciones (arts. 82.1 y 82.4.c) LGDCU). Mediante esta cláusula y sin contrapartida, la entidad prestamista con tipo de interés variable obtiene una posición más ventajosa objetivamente, en relación con el cliente que no goza de la protección en caso de una variación al alza del índice de referencia, o de otras ventajas que compensen esta falta de protección

En consecuencia se aprecia el carácter abusivo, en este caso, de la mencionada cláusula y se estima la demanda en su integridad.

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Daniel Santos
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¿CUANDO MODIFICAR UNA SENTENCIA DE DIVORCIO?

El proceso de modificación de medidas definitivas, permite iniciar un procedimiento extrajudicial y/o judicial para modificar las estipulaciones de la sentencia firme de divorcio. Se puede cambiar todo los pactos excepto los que ya se hayan consumado como la liquidación de régimen económico, pero sí que se pueden cambiar las estipulaciones, respecto a los hijos (cambio de guarda y custodia, guarda y custodia compartida, pensión alimentos, régimen de visitas), uso y disfrute del domicilio conyugal (observar de nuevo el interés más digno de protección), extinción o mantenimiento de la pensión compensatoria, etc.

En dichos procedimientos básicamente se tiene que acreditar que las causas que originaron, la primera sentencia de divorcio o la anterior sentencia de modificación, han variado considerablemente, de forma permanente, o simplemente se debe de actualizar la sentencia según las variaciones que ha tenido la Ley en los años anteriores (entre una sentencia y el nuevo procedimiento). (por ejemplo: en Cataluña con el nuevo Plan de Parentalidad).

La demanda de modificación de medidas se tiene que presentar, si las partes residen en los mismos partidos judiciales, en el mismo partido judicial que resolvió sobre la anterior sentencia, nombrando el procedimiento anterior, para que el procedimiento de medidas definitivas lo gestione el mismo Juzgado de Primera Instancia. Si hubiera un cambio en los partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

Si quieres saber si tienes derecho a un cambio en tu sentencia de divorcio, CONSULTANOS,

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RENOVACIÓN NIE, ¿CUANDO RENOVAR EL PERMISO DE RESIDENCIA Y/O TRABAJO?

La renovación de la autorización de residencia y/o trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, se puede empezar a renovar 60 días antes y 90 días de después de la fecha de caducidad.

En la renovación más común es el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, en dicha renovación, para hacerla de forma tranquila y sin sobresaltos, se necesitará para no tener problemas la cotización de 3 a 6 meses por año y en el momento de la renovación estar cotizando.

El lugar de presentación es en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno de cada Provincia, excepto la renovación de la autorización de la larga duración, cuando ya llevamos 10 años de residencia continuados en España.

Es recomendable contar con asistencia letrada o con algún gestor que sepa como renovar su permiso de residencia para evitar gastos temporales y sopresas.

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